RASCANDO LA OLLA

El Gobernador Antonio Bonfatti está desesperado por implementar la reforma tributaria. Se debe garantizar la estricta progresividad del sistema fiscal, que paguen más los que más tienen. No puede haber un modelo regresivo, que se apoye en el consumo, sino uno progresivo que se sostenga en la riqueza. Necesitamos una reforma tributaria que garantice los recursos mínimos que los Ejecutivos provincial y municipales necesiten para afrontar los compromisos financieros inmediatos, priorizando el cumplimiento del pago de sueldos, la inversión social y la obra pública, sin necesidad de endeudarse.

La discusión sobre la reforma fiscal no puede separarse del debate en torno a cómo se invierten los recursos en nuestra provincia. Los gastos de consumo crecieron en estos últimos cuatro años un 65 por ciento, la inversión en desarrollo social sólo un 22 por ciento en 2011, muy por debajo del gasto medio que subió un 44 por ciento, y la participación de la inversión en maquinaria y construcciones sobre el total del gasto descendió un 20 por ciento. Queda claro cuáles fueron las prioridades de la gestión Binner.

Pero esta situación no se soluciona subiendo la carga fiscal a los trabajadores a través de un aumento brutal del inmobiliario urbano. Tampoco emitiendo Letras de Tesorería, paralizando la Obra Pública o aumentando las tarifas para financiar a la Empresa Provincial de la Energía. Si sería interesante recuperar una herramienta financiera al servicio de la producción que permita contribuir al desarrollo provincial. Al ver la composición de los recursos provinciales, llama la atención la caída en la contribución del impuesto inmobiliario que en el año 2000 era de un 23 por ciento y hoy no llega al 8 por ciento del total de los recursos. En lo que respecta al inmobiliario rural, no solo tiene un atraso de años en cuanto a sus revalúos, sino que paralelamente este sector ha acumulado ganancias fabulosas merced a la sojización del agro y las fantásticas exportaciones realizadas. En la actualidad, el valor promedio del Impuesto Inmobiliario Rural en la Provincia de Santa Fe es de 19 pesos anuales por hectárea. Muchísimos de esos productores hoy son rentistas, ya que han alquilado campos y maquinaria a grandes grupos y pooles de siembra, ausentándose de las tierras.

El gobierno provincial desea el incremento generalizado de tributos en una distorsión de la carga, funcional a los sectores de mayor rentabilidad y concentración económica. La reforma tiene la esencia de la década del 90, signada por los gerenciadores y las corporaciones. Se debe implementar una equidad tributaria donde la política rija la economía y no a la inversa. Así se benefician todos los ciudadanos.

La media sanción del Senado desguazó sustantivamente el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo el 18 de abril.

Queda aún la batalla dialéctica en Diputados, con seguridad muy agresiva hacia el oficialismo desde el peronismo opositor, que una vez más entrará en serias contradicciones internas si no logra torcer la voluntad de quienes arreglaron el proyecto el jueves pasado en el senado y lo ratificarán dentro de un mes.

Según los medios de comunicación, el viernes 20 de julio el peronismo debatió su posición de cara al tratamiento pendiente de la reforma tributaria en Diputados con otro matiz de voz: el de los que les toca gobernar ciudades y pueblos, tan necesitados de recursos como la Casa Gris. El Foro de Intendentes y Presidentes Comunales del Partido Justicialista se reunió en Puerto San Martín para exponerles sus pareceres a legisladores del Frente para la Victoria. Pero el dato saliente fue la presencia del secretario de Transporte, el baigorrense Alejandro Ramos, que trajo el mensaje de Casa Rosada en este debate: no complicar las cosas, ni a los intendentes ni tampoco al gobierno de Antonio Bonfatti. Acompañar, es el verbo elegido. Los jefes municipales del PJ quieren que Diputados introduzca al proyecto una modificación de las proporciones en las que la Provincia coparticipa su recaudación impositiva con los municipios y comunas, y que también la tajada de Rosario y Santa Fe sea algo menor en relación a lo que reciben el resto de las localidades. Este no es un dato menor.

Aquí, la coparticipación impositiva con municipios y comunas es del 50 por ciento del impuesto inmobiliario, y del 90 por ciento en cuanto a patente de vehículos. Y además les toca el 13,43 de la coparticipación federal. Los intendentes peronistas quieren que ese criterio de reparto se modifique algunos puntos más a su favor. Por todo eso, el mes pasado el monto girado a las 365 comunas y municipalidades santafesinas ascendió a casi 333 millones de pesos.

Se estima que si la reforma -en el estado en que la dejó el Senado- aportaría en total unos 850 millones de pesos extra, a los municipios les tocarían sólo 326 millones más por año. A tener en cuenta y sacar conclusiones.

                                                                                    Maximiliano Reimondi

                                                                                  Periodista-Escritor-Poeta