SALVADOR ALLENDE
Salvador Guillermo Allende Gossens (Santiago, 26 de junio de
1908-ibídem, 11 de septiembre de 1973)
Familia y juventud
El origen de los Allende es vasco. Sus antepasados llegaron
a Chile durante el siglo XVII y empiezan a destacar entre las familias
aristocráticas a partir de la primera mitad del siglo XIX. El más sobresaliente
de la familia fue su abuelo Ramón Allende Padín, El Rojo, radical y gran
maestro de la masonería.
Su hijo Salvador Allende Castro fue también radical y masón.
Trabajó como funcionario público y como notario del puerto de Valparaíso. Se
hizo conocido por su ingenio, dotes poéticas (al igual que su padre) y su
fanatismo por la chilenización de Tacna y Arica. Contrajo matrimonio con Laura
Gossens Uribe, mujer de gran belleza y mucha religiosidad, hija de un
inmigrante belga y una dama de la ciudad de Concepción.
Los hermanos Allende Gossens fueron seis: Alfredo, Inés,
Salvador y Laura y, por la muerte de los dos últimos, hubo dos nuevos: Salvador
y Laura.
La familia de Allende era de clase acomodada, su padre viajó
y trasladó a su familia a lo largo del país a causa de diferentes cargos que
tenía que asumir en la administración pública. Por este motivo, los primeros 8
años de vida de Allende se desarrollaron en Tacna, a la sazón en posesión de
Chile, llegando a la ciudad apenas cumplidos unos meses.
Salvador Allende Castro asumió como procurador de la Corte
de Apelaciones y secretario de la Intendencia provincial, instalándose con su
familia en la propiedad arrendada en la calle San Martín 238.
Allende inició sus estudios en la sección preparatoria del
Liceo de Tacna, dirigido por el profesor Julio Angulo. Se mostraba como un niño
travieso y energético según cuenta Zoila Rosa Ovalle, la mamá Rosa, la nana que
cuidó a Allende en la niñez y adolescencia y que alcanzó a verlo convertido en
presidente. Ella lo apodaría Chichito, pues el pequeño Allende no podía
pronunciar su diminutivo correspondiente, Salvadorcito. De allí el origen del
apodo Chicho Allende.
Tras 8 años en Tacna, la familia se trasladó por un pequeño
período a Iquique, en 1916. En 1918 estudia brevemente en el Instituto Nacional
durante su corta estadía en Santiago. Valdivia sería el próximo destino, donde
el padre se instaló como abogado del Consejo de Defensa Fiscal en 1919. Siguió
sus estudios en el Liceo de Valdivia, ganando los apodos de pije y pollo fino
por su alta posición social y su preocupada vestimenta en comparación con sus
condiscípulos.
El regreso a Valparaíso se produjo en 1921, cuando su padre
fue nombrado relator de la Corte de Apelaciones de dicha ciudad, cargo al que
renunció para asumir como notario público del puerto. Ahí, Allende, mientras
continuaba sus estudios en el Liceo Eduardo de la Barra, conoció a Juan
Demarchi, viejo zapatero anarquista que, según el mismo Allende, tendría una
influencia fundamental. Le infundió, durante largas conversaciones en las que
también jugaban ajedrez, muchas de las futuras banderas de lucha social que
legaría el futuro presidente de Chile. Algunos creen, sin embargo, que esta
relación está demasiado embellecida y que la influencia del zapatero habría
sido menor.
Finalizó sus estudios secundarios en 1924 y decidió hacer el
servicio militar, que realizó por un año en el Regimiento de Lanceros de Tacna.
Ingresó a la Universidad de Chile a estudiar medicina a
pesar de que tenía dudas entre seguir esta carrera o Derecho. Vivió con su tía
paterna, Anita, para después llevar una vida de inestabilidad residencial,
yendo de pensión en pensión para poder sobrevivir. A pesar de esta relativa
precariedad, siguió siendo el pije. Obtuvo de promedio general, al finalizar
sus estudios, una nota cinco. Su tesis para optar al título de médico de 1933
fue Higiene mental y delincuencia.
Vida política
Para 1929, se había iniciado en la política entrando al
grupo Avance: llegó a ser vicepresidente de la FECh en 1930, pero, debido a su
oposición a ciertas posiciones del grupo durante los meses previos a la caída
de la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, fue expulsado de él. A pesar de
eso, siguió actuando como líder estudiantil, lo que le valió su detención.
Mientras se encontraba encerrado, se enteró de que su padre agonizaba debido a
un caso avanzado de diabetes. Le permitieron salir y alcanzó a verlo en sus
últimos instantes.
Tras estos dramáticos hechos de su vida, Allende se abocó a
terminar su memoria Higiene mental y delincuencia y a conseguir trabajo
estable, pero tuvo que experimentar un largo tiempo pasando de hospital en
hospital hasta convertirse en ayudante de anatomía patológica del Hospital
Carlos Van Buren.
En 1933, participó en la fundación del Partido Socialista de
Chile (PS), organizando la sede de Valparaíso y manteniéndose en este partido
durante toda su vida. Dos años después, se uniría a la masonería. Director de
la Asociación Médica en esa ciudad y miembro de su directorio nacional, se
convirtió, en 1935, en editor del Boletín Médico de Chile y organizador de la
Revista de Medicina Social de ese puerto.
Se comprometió fuertemente con el proyecto del Frente
Popular —al que los socialistas se integraron tras un Congreso general
realizado en 1936—, y pronto se convirtió en presidente de esta organización en
Valparaíso. Dentro del PS, fue jefe de núcleo (1933), secretario seccional
(1934) y secretario del comité regional de Valparaíso (1937-39).
Su partido lo proclamó candidato a diputado por la 6ª
agrupación departamental de Quillota y Valparaíso y resultó electo junto a
otros dos socialistas. Inició su vida parlamentaria con la petición al
presidente de la Cámara de que los 17 diputados socialistas prometieran y no
juraran, lo que fue aceptado21 y participó principalmente en la realización de
diferentes proyectos de leyes relativas a problemas sociales.
Durante la campaña presidencial de Pedro Aguirre Cerda, Allende
dirigió la campaña en Valparaíso. Dejó su escaño para unirse al nuevo gobierno
de Aguirre Cerda como ministro de Salubridad, desde agosto de 1939. Ese mismo
año publicó La realidad médico-social chilena, obra sobre la salud pública con
énfasis en la medicina social, en la que se señalaba claramente que el
principal condicionante del nivel de salud de una población es su nivel
socioeconómico. Al iniciar su vida ministerial, en 1940, contrajo matrimonio
con Hortensia Bussi Soto, a quien había conocido en Santiago la noche del 24 de
enero de 1939 —cuando ocurrió el terremoto de Chillán— y con quien ya vivía.
Entre los logros en su época de ministro, según su informe
al Congreso en 1940, se cuentan la producción y distribución de medicamentos
contra enfermedades venéreas, reducciones de las muertes por tifus, presupuesto
de dos millones de pesos para centros de higiene públicas, expansión del
servicio dental en las escuelas y entrega de alimentos para los estudiantes.
Unos meses después de que el Partido Socialista dejara el Frente Popular,
Allende asumió como vicepresidente de la Caja de Seguro Obrero Obligatorio.
En 1943, se convirtió en secretario general del Partido
Socialista, cargo que ocupó hasta junio de 1944. Al año siguiente fue elegido
senador por Valdivia, Llanquihue, Chiloé, Aisén y Magallanes y en 1953, por
Tarapacá y Antofagasta. Sus enemigos dentro del Partido Socialista intentaron
alejarlo de la vida política, para lo cual, en las elecciones de 1961 lo
enviaron a la circunscripción de Aconcagua y Valparaíso, donde era difícil que
ganara, porque los votos de la izquierda los controlaba Jaime Barros, comunista
y médico de los pobres, que ocupaba el escaño. Allende triunfó sobrepasando a
su compañero y le dio suficientes votos para que ambos salieran electos. Lo
mandaron después, en los comicios de 1969, a otro matadero electoral: Chiloé, Aisén
y Magallanes, donde nadie le atribuyó ninguna oportunidad, pero resultó
fácilmente elegido.
Era el símbolo nacional del socialismo moderado, llegando a
ejercer desde 1966 como presidente del Senado, de una forma tan ecuánime que,
cuando la abandonó, le rindió un homenaje el diario El Mercurio, de tendencia
conservadora.
Postuló por primera vez a la Presidencia de Chile en 1952,
consiguiendo un magro 5,44%, lo que se debió en parte a la escisión de un
sector del socialismo que apoyó a Carlos Ibáñez y a la proscripción del
comunismo.
El 6 de agosto de 1952, protagonizó el último duelo de honor
registrado en la historia de este país, el desafiante fue el senador Raúl
Rettig, quien impugnó los dichos del doctor Allende en el senado. El duelo fue
a pistola y ambos erraron sus disparos aunque se dispararon a matar y volvieron
a ser amigos.
En 1958, se presentó nuevamente como candidato de la alianza
socialista-comunista
FRAP (Frente de Acción Popular), consiguiendo el 28,91% de
los votos. Esta vez se atribuyó la derrota de Allende a la participación de un
candidato populista, Antonio Zamorano, que le habría quitado votos de sectores
populares.
Se postuló a la Presidencia por tercera vez en el año 1964,
nuevamente representando al FRAP. La elección devino en una competencia entre
Allende y Eduardo Frei Montalva. Por temor a que triunfara Allende, el
electorado de derecha se volcó hacia Frei en lugar de al radical Julio Durán,
que era su candidato inicial. Enfrentado a dos de los tres tercios de la
política chilena, Allende fue derrotado por tercera vez con un 38,92% de los votos
contra el 55,6% de Frei.
La elección
presidencial de 1970
No fue fácil para Allende conseguir la postulación como
candidato de la Unidad Popular (integrada por el los partidos Socialista,
Comunista, Radical, MAPU y Acción Popular Independiente). Pesaban sobre él sus
tres derrotas y muchos dentro del PS no creían en su vía chilena al socialismo.
Pero logró imponerse por sobre los demás precandidatos, principalmente por su
importante arrastre de votos y por el decisivo apoyo del Partido Comunista
(mayor que el del propio partido de Allende).
La campaña presidencial de 1970 fue dura, pero sin violencia.
Las primeras encuestas daban por ganador, con mayoría absoluta, a Jorge
Alessandri, candidato de la derecha. Pero su campaña se fue deteriorando,
principalmente por su avanzada edad. Se le acusó de senil y de sufrir la
enfermedad de Parkinson y su propio comando decidió no hacer concentraciones
masivas, con la excepción del cierre de campaña, para no mostrar la edad del
candidato.
Seguros de la victoria de Alessandri, sus partidarios se
irritaron de sobremanera cuando, en una entrevista de El Mercurio, se le
preguntó al general en jefe del ejército, René Schneider, por la actitud de los
militares si ninguno de los dos candidatos obtenía mayoría absoluta. Schneider
señaló que debía responder el Congreso Pleno, según lo establecido en la
Constitución, y que el Ejército se apegaría totalmente a los postulados de la
carta fundamental (esta sería la base de la doctrina Schneider). Los
alessandristas se irritaron porque la tradición era elegir presidente a quien
sacase la primera mayoría relativa.
El candidato del Partido Demócrata Cristiano, Radomiro
Tomic, tenía un pensamiento orientado hacia la izquierda, lo que, en 1964, le
enajenó los votantes de centro derecha que habían dado la victoria a Frei.
Estados Unidos, en tanto, no le dio apoyo decidido a ningún
candidato contrario a Allende, principalmente porque sus propias encuestas
mostraban a Alessandri como triunfador. Aunque derivaron algunos fondos a
Alessandri, por medio de la compañía ITT (International Telephone &
Telegraph) (alrededor de 350.000 dólares), tal financiamiento no se compara con
el que se le dio durante la campaña de Frei, cuando además existió asistencia
electoral.
La CIA afirmó que la campaña de Allende recibió $350.000 de
Cuba, en tanto que esta gastó de $800.000 a $1.000.000 para manipular el
resultado de las elecciones. De acuerdo a publicaciones recientes, Allende
realizó un pedido personal de dinero a la Unión Soviética a través de su
contacto personal, el oficial del KGB Sviatoslav Kuznetsov, quien urgentemente
viajó a Chile desde México para ayudar a Allende. Según estas publicaciones, la
partida original de dinero para las elecciones a través del KGB fue de $400.000
y un subsidio personal adicional de $50.000 directo para Allende. Después de
las elecciones, el director del KGB, Yuri Andrópov, obtuvo un permiso de dinero
adicional y otros recursos del Comité Central del Partido Comunista de la Unión
Soviética para asegurar la victoria de Allende en el Congreso. En su pedido el
24 de octubre, declaró que el KGB "llevará adelante medidas destinadas a
promover la consolidación de la victoria de Allende y su elección al puesto de
presidente del país".
El 4 de septiembre, se celebró la elección presidencial en
un clima de orden y tranquilidad y, pasada la medianoche, se supo el resultado
de los comicios: Allende: 36,6%, Alessandri: 34,9%, Tomic: 27,8%.35 La
confianza de los alessandristas se convirtió en miedo a un gobierno socialista,
mientras los allendistas e incluso varios democratacristianos salían a la calle
a expresar su alegría.
En Washington, Richard Nixon ordenó evitar que Allende
asumiera la presidencia. La CIA organizó dos planes para detener la elección de
Allende en el Congreso Pleno (el Congreso debía elegir entre las dos más altas
mayorías el día 24 de octubre), los que serían conocidos como el Track One y el
Track Two:
El Track One consistía en que el Congreso eligiese a
Alessandri: éste renunciaría y se llamaría a nuevas elecciones en que la
derecha apoyaría a Eduardo Frei. El plan es conocido también como gambito Frei.
El plan, sin embargo, no funcionó. La DC y la UP llegaron a un entendimiento
tras el triunfo de esta y se reveló la existencia de un pacto secreto entre los
dos candidatos (Tomic y Allende) en el que cada uno reconocía la victoria del
otro si la diferencia era mayor a los 5.000 votos y, la de Alessandri solo si
este los superaba a ambos por más de 100.000 votos. Finalmente, la Democracia
Cristiana exigió para su apoyo en el Congreso un estatuto de garantías
constitucionales que asegurarían que Allende no se saldría de la ley
fundamental. El Track One fracasó, quedando entonces el Track Two.
El Track Two consistía en crear un clima de inestabilidad
política, para que las Fuerzas Armadas intervinieran y anularan la elección. Se
encargó su ejecución al general Roberto Viaux, cuyo plan era secuestrar al
comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, ocultarlo y provocar
la situación de inestabilidad. El 22 de octubre se ejecutó el plan, pero, al
intentar defenderse, el general fue baleado por sus asaltantes, quienes huyeron
al instante. Su chofer lo llevó al Hospital Militar donde falleció dos días
después, el 25.
El 24 de octubre, a las 10:39 h, se inició la votación del
Congreso Pleno, dirigido por el presidente del Senado, Tomás Pablo Elorza.
Sufragaron 195 parlamentarios: Allende obtuvo 153 votos contra 35 de Jorge
Alessandri y 7 en blanco. En consecuencia, el Congreso proclamó a Salvador
Allende.
Presidencia
El 4 de noviembre, Allende asumió la presidencia en el
Congreso Nacional. Después se dirigió a la catedral para asistir al Te Deum
ecuménico celebrado por todas las iglesias de Chile.
La cabeza económica del gobierno fue Pedro Vuskovic, que
llevaría a cabo el plan de transición del capitalismo al socialismo. El plan de
la Unidad Popular para llegar al «socialismo a la chilena» consistía en los
siguientes puntos:
Estatización de las
áreas «claves» de la economía.
Nacionalización de la
Gran Minería del Cobre.
Aceleración de la
reforma agraria.
Congelamiento de los
precios de las mercancías.
Aumento de los
salarios de todos los trabajadores, pagándolos con emisión de billetes.
Modificación (con un
clima de euforia económica) de la constitución y creación de una cámara única.
Estas acciones combinaban políticas económicas socialistas
(estatizaciones) con otras que se enfocaban a obtener una rápida reactivación
económica tras una drástica redistribución de la riqueza. La estatización de
las empresas se llevó a cabo con el uso de ciertos resquicios legales (el
Decreto Ley Nº 520, de 1932), que databan de la República Socialista. El
proceso consistía en que cuando alguna empresa considerada clave de la economía
detenía la producción, el Estado la podía intervenir para que volviera a
producir. El sistema fue juzgado ilegal por la oposición, pero fue sancionado
como legal por la Contraloría General de la República.
También se utilizaba el sistema de compras de acciones a
través de la CORFO (Corporación de fomento de la producción) cuando la empresa
era una sociedad anónima.
Salvador Allende firma el documento que da inicio a la
nacionalización del cobre.
La nacionalización de la minería se llevó a cabo en cambio
con el apoyo unánime de todos los sectores políticos, siendo aprobada su Ley
(N° 17.450 promulgada el 15 de julio) por unanimidad en el Congreso Nacional.44
A las empresas mineras se les pagaría una indemnización, pero restándole las
«utilidades excesivas» que habrían obtenido durante los últimos años, bajo el
supuesto de que pagaban bajos impuestos, según de una rentabilidad
"razonable" del 10% a partir de 1955. Por este sistema, las empresas
Anaconda y Kennecott no recibieron un solo peso, y terminaron debiéndole al
estado chileno cifras millonarias. En un discurso durante su visita a Nueva
York en 1972 en el marco de una reunión ante las Naciones Unidas, Allende
respaldaba la Nacionalización del Cobre argumentando que las empresas mineras
norteamericanas Kennecott y Anaconda habían obtenido ganancias cercanas a los 4
mil millones de dólares en las últimas décadas.
Estas acciones del gobierno de Allende motivarían a Richard
Nixon y su secretario de Estado, Henry Kissinger, a promover un boicot contra
el gobierno de Allende mediante la negación de créditos externos y la petición
de un embargo al cobre chileno. Dos años después del golpe militar que puso fin
al gobierno de Allende, la Junta Militar de Gobierno pagó una indemnización de
US$250.000.000 a la empresa Anaconda Copper Mining Company, propiedad de las
familias Rockefeller y Rothschild. Para profundizar la reforma agraria, se
siguió utilizando la ley de reforma agraria de Eduardo Frei, que tenía varios
vacíos legales que la Unidad Popular aprovechó, propiciando la «toma de
tierras» por los campesinos, haciendo que la Corporación de la Reforma Agraria
(CORA) expropiara los fondos. A finales del año 1971, se llevó a cabo la
expropiación de más de dos millones de hectáreas. Estas tomas empezaron a
adquirir ribetes más y más violentos por los enfrentamientos entre
terratenientes y campesinos. El primer muerto fue Rolando Matus, pequeño
agricultor que murió a balazos cuando defendía una propiedad mínima en el sur
de Chile contra quienes intentaban ocuparla por la fuerza. La derecha lo
convirtió en un mártir, bautizando con su nombre a una de las brigadas de
choque.
La congelación de precios y el aumento de sueldos debieron
provocar inflación, pero en Chile un 20% de la capacidad productiva estaba
ociosa y, antes de subir los precios, los comerciantes aprovecharon esa
capacidad, generando crecimiento económico. Además, en el pensamiento de los
economistas de la Unidad Popular, las emisiones de dinero tenían un lapso de
tiempo durante el cual no producían inflación, al menos momentáneamente. Y
funcionó, al menos el primer año, en que se dobló el dinero, la inflación fue
baja y el Producto Interno Bruto creció un 8%.
También ayudó a la promoción de la UP que el poeta nacional
Pablo Neruda, militante comunista, obtuviera el Premio Nobel de Literatura ese
mismo año. Con este clima, la Unidad Popular alcanzó un 49,731% de los votos en
las elecciones municipales.
Al finalizar el año 1971, aparecerían los primeros problemas
económicos. El déficit presupuestario creció a un ritmo acelerado, del 3,5 %
del PGB en 1970 paso a 9,8 en 1971; la política monetaria se descontrola al
crecer en un 124% el crédito del sector público; cae el nivel de reservas
internacionales de 394 millones de dólares (1970) a 163 (1971), por lo que el
gobierno de la Unidad Popular suspende el servicio de la deuda externa; la
balanza comercial paso de un superávit de 95 millones al iniciar el gobierno a
un déficit de 90 millones, tras la abrupta caída del precio del cobre; a causa
del incremento de los salarios reales y los controles de precio, se produjo una
contracción de las utilidades corporativas; aparecen las primeras señales de
desabastecimiento en el segundo trimestre de 1971, que concluyo con la
aparición de un floreciente mercado negro.
A finales de ese año, Fidel Castro visitó Chile por tres
semanas. Recorrió todo el país, lo que molestó a los opositores a la Unidad
Popular. Es también en esa fecha que se empiezan a ver los primeros síntomas
del desabastecimiento, en especial de azúcar. En privado, el líder
revolucionario cubano manifestó su escepticismo ante la vía pacífica de
Allende.
Miles de mujeres opositoras salieron a las calles a protestar
haciendo sonar cacerolas vacías en reclamo por la falta de alimentos, los
llamados «cacerolazos».
En el acto de despedida del Estadio Nacional, el comandante
cubano, dijo que él y su comitiva "no veníamos a aprender cosas caducas en
la historia... ya aprendimos bastante de las libertades burguesas y
capitalistas". Agregó: "No estamos completamente seguros que en este
singular proceso el pueblo chileno haya estado aprendiendo más rápidamente que
los reaccionarios".
Polarización de la
sociedad chilena
La Democracia Cristiana, por el programa de Radomiro Tomic,
tuvo un acercamiento inicial con la Unidad Popular; pero se alejó a causa del
asesinato del ex ministro de Frei, Edmundo Pérez Zujovic, por el grupo VOP
(Vanguardia Organizada del Pueblo), de tendencia ultra izquierdista, en junio
de 1971.52 A
esto se sumó su baja en las elecciones, y los ataques en su contra de la prensa
oficialista.
La Democracia Cristiana se acercó entonces al Partido
Nacional, de derecha, el cual había sido muy crítico del gobierno de Frei
Montalva. Su primera acción conjunta se dio en la elección complementaria de un
diputado en Valparaíso, en la que el candidato de la DC (Óscar Marín) ganó con
el apoyo del PN. No obstante, la alianza no se consolidó de inmediato, puesto
que la DC se negó a apoyar la acusación constitucional del PN contra el
ministro de Economía, por el traspaso de empresas privadas al estado de manera,
que ellos consideraban, ilegal.
Tras tres intentos fallidos de acusaciones, los partidos de
oposición se entendieron para realizar una acusación constitucional contra el
ministro del Interior, José Tohá, por su responsabilidad en los hechos de
violencia. Acusaciones parecidas había planteado el PN contra los ministros,
pero la DC se había negado a seguirlos hasta entonces.
Allende removió a Tohá del Ministerio del Interior, pero lo
colocó inmediatamente en la cartera de Defensa, en un acto considerado por la
oposición como una provocación hacia el Congreso, aunque legalmente
inobjetable. La alianza DC-PN se consolidó con las elecciones complementarias
de diputado en Linares y de senador en las Provincias de O’Higgins y Colchagua
de enero de 1972. En la primera circunscripción, la DC apoyo al nacional Sergio
Diez, mientras que en la senaduría el PN apoyó al democratacristiano Rafael
Moreno.
En el aspecto legal, la DC y el PN aprobaron una reforma
constitucional (Proyecto Hamilton-Fuentealba) que definió las tres áreas clave
de la economía y colocó trabas al plan estatizador de la Unidad Popular,
dejando sin efecto las estatizaciones y requisaciones efectuadas con
anterioridad al filo de la ley.55 El presidente vetó el proyecto y la
insistencia del Senado por aprobarlo creó un conflicto institucional.
En aquel momento se agudiza la violencia política. El MIR
intensifica sus acciones, como por ejemplo las tomas de tierras y fábricas, en
las cuales el Gobierno se negó a usar la fuerza policial. En la derecha, como
respuesta, surgió el grupo ultranacionalista Patria y Libertad, intensificó sus
acciones de sabotaje y barricadas. Paralelamente, las manifestaciones a favor o
en contra del Gobierno continuaban sucediéndose, llegando a producirse graves
enfrentamientos callejeros. Las brigadas de la lucha callejera empezaron a
implantar un clima de intolerancia en el país.
La oposición se volvió más fuerte con el apoyo de la prensa
opositora, parte de la cual era financiada por la CIA. Los diarios El Mercurio,
La Segunda, La Tercera de la Hora, Las Últimas Noticias, La Prensa, La Tarde y
Tribuna atacaron sin cesar al Gobierno. La prensa oficialista también participó
de este ambiente de enfrentamiento y descalificación. Destacan en la lista La
Nación, Las Noticias de Última Hora, El Siglo, El Clarín y Puro Chile.
Los medios opositores y los gremios empresariales levantaron
como bandera de su lucha a la Papelera, empresa proveedora y distribuidora de
papel. Con su estatización, la oposición temía que el Gobierno podría controlar
la prensa opositora y callar sus demandas. Aquí se trataba de un intento de
ahogo financiero para estatizarla, pues los trabajadores de la Papelera se
negaban a entrar en el área social de la economía como quería el gobierno.
Desequilibrios
económicos
La economía había dejado de crecer. El incremento de las
remuneraciones del sector público, la expansión de los subsidios a las empresas
públicas y el deterioro de la recaudación tributaria, no adaptada a un ambiente
inflacionario, generan un creciente déficit público de magnitud impresionante.
Todo este gasto se financió mediante emisiones monetarias inorgánicas del Banco
Central. El resultado fue un incremento de la cantidad total de dinero
circulante del 173% en 1972 al 413% en 1973. La contracción del país llegó a
ser de un -1,21% en 1972 y un -5,57 en 1973, la inflación llegó en 1972 a un 225% y en 1973 a un 606%, el más alto
en la historia de Chile (ver: estanflación), cayeron los salarios reales un
-11,3 en 1972 y un -38,6% en 1973, el déficit llegó al 25% del PGB (Producto
General Bruto) y la deuda externa aumentó a 253 millones de dólares.
La fijación oficial de precios trajo consigo la escasez y el
«mercado negro», donde se vendían los productos a precios multiplicados. La
fijación gubernamental de precios - prohibiendo el sistema de precios libre - y
el estancamiento económico causaron la desaparición de productos básicos de
consumo en almacenes y supermercados, provocando largas colas de gente para
obtener sus mercancías. El Gobierno argumentó que la escasez y el mercado negro
era causado por la acción de grupos reaccionarios y “enemigos del pueblo”. Trabajadores
y sindicatos también participaron del mercado negro, pues exigían parte de sus
remuneraciones en especias, que eran canalizadas hacia el mercado negro.
Para enfrentar el desabastecimiento, el Gobierno creó las
JAP (Juntas de Abastecimiento y Precios), que repartiría canastas de
mercaderías de acuerdo con las necesidades reales de las familias. Junto con
ello se creó, a fines de 1972, la Secretaría Nacional de Distribución, que
centralizaría el comercio mayorista. Estos anuncios aumentaron el problema,
puesto que las familias se trataron de aprovisionar de todo producto de consumo
para enfrentar el futuro racionamiento. Las nuevas instituciones resultaron
ineficaces por sí mismas, pues no existía la infraestructura necesaria para
aplicar aquel sistema de racionamiento.
El paro de octubre
La grave situación económica y el temor de ser estatizados
llevaron a la Agrupación de Dueños de Camiones liderados por León Vilarín, con
el apoyo de otros gremios, a realizar un paro nacional en octubre, agravándose
aún más los problemas de distribución. El paro contó con el apoyo monetario de
la CIA, que conspiraba para hacer caer el gobierno de Allende, entregando
también recursos a diarios opositores, principalmente a El Mercurio. La
oposición y otros gremios profesionales se plegaron a la movilización,
adhiriéndose ingenieros, abogados, odontólogos, médicos, profesores,
estudiantes y muchos más, quedando el país virtualmente paralizado.
Los camioneros enviaron sus demandas en lo que se conoció
como el pliego de Chile, donde se exigía el fin de las clausuras radiales, la
banca única, el ahogamiento de la Papelera y otras peticiones similares.
El paro se detuvo con el ingreso de miembros de las Fuerzas
Armadas a los Ministerios: el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, en
Interior; el contralmirante Ismael Huerta en Obras Públicas, y el general de
Brigada Claudio Sepúlveda en Minería. Este gabinete duró hasta las elecciones
parlamentarias de marzo de 1973.
1973, el quiebre de
la democracia
En marzo de 1973, se produjeron las elecciones
parlamentarias. La oposición, agrupada en la CODE (Confederación de la
Democracia), deseaba obtener dos tercios del Congreso. Si lo lograba, podría
emitir una acusación constitucional contra Allende y destituirlo de la presidencia,
pero la UP logró el 43,5% de los votos y la CODE el 54,6%. Los partidos de la
Unidad Popular, al presentarse en una lista única, consiguieron aumentar su
representación en tres diputados y un senador.
Allende, buscando una solución a la crisis, intentó un
acercamiento con la DC que no fructificó. Acuerdos con la DC no se concretaron
debido a la oposición del PS. En cambio su compañero de alianza, el Partido
Comunista, trabajó por el entendimiento. El PS, junto a Carlos Altamirano,
comenzó a crear graves problemas a Allende con sus acciones y discursos
encendidos.
Otro intento de acercamiento fue propuesto por el cardenal
Raúl Silva Henríquez, propiciando un diálogo entre Allende y el presidente de
la DC, Patricio Aylwin, para buscar un acuerdo que pudiera hacer superar esta
situación. Pero el diálogo no prosperó. Según el Cardenal, el fracaso en la
búsqueda de consenso se debió a la intransigencia de la UP, y a la oposición al
diálogo que manifestó Eduardo Frei, y la exigencia de Patricio Aylwin de ministros
militares con poderes muy amplios, que dejarían fuera del poder a los partidos
de la UP.
Allende consideraba que si el golpe de Estado todavía no se
daba, era porque el recuerdo del comandante René Schneider y su doctrina (según
la cual las Fuerzas Armadas deben apegarse estrictamente a la Constitución y
las leyes) lo detenía. Sectores civiles opositores, en especial mujeres, se
manifestaron frente a los cuarteles arrojando trigo y maíz, insinuándoles que
eran gallinas.73 Sin embargo, el comandante en jefe era Carlos Prats, quien no
se hubiera plegado a un golpe de Estado, por lo que si las otras ramas de las
fuerzas armadas lo intentaban, se podrían eventualmente enfrentar al Ejército y
devenir en una guerra civil. El Partido Comunista lanzó en consecuencia su campaña
«No a la Guerra Civil».
La violencia callejera se volvió cada vez más intensa,
acercándose a la barrera de los 100 muertos por violencia política durante el
gobierno de Allende. Un nuevo foco de violencia se creó entre el estudiantado por
el proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU), el que deseaba cambiar la
educación en Chile: de una basada en los valores del capitalismo a una con
valores del «hombre nuevo» del socialismo. Este plan también integraría una
«educación permanente» y, aunque el proyecto se encontraba «en pañales», se
produjo una violenta reacción de sectores estudiantiles liderados por fuerzas
de derecha. La FEUC (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica)
llamó a defender la libertad educacional contra el «instrumento de
concientización política del marxismo», por lo que se enfrentaron en luchas
callejeras con agrupaciones de las Juventudes Socialista y Comunista. La Feses
(Federación de Estudiantes Secundarios) se dividió entre los que apoyaban la
ENU, entre ellos el dirigente Camilo Escalona, y los que la rechazaban,
encabezados por Miguel Salazar. Finalmente, el proyecto fue retardado por
petición del Cardenal y por la fuerte oposición que encontró en los oficiales
de la Armada, que el ministro de educación había intentado convencer de las
ventajas de la ENU.
El 17 de abril se inició una huelga en el mineral El
Teniente con motivo de la fórmula de sus reajustes salariales, que alcanzó a
durar 74 días. Tras el estallido de enfrentamientos violentos en las calles la
zona del mineral en huelga llegó a ser declarada zona de emergencia. La
oposición apoyó el paro y destituyó a los ministros Figueroa y Bitar,
acusándoles de transgredir el estatuto de los trabajadores del cobre.
El 27 de junio el general Carlos Prats se vio envuelto en un
confuso incidente ocurrido mientras viajaba en su vehículo, cuando desde otro
automóvil comenzaron a insultarlo. Al no lograr evadirlo y recordando lo
ocurrido con el general Schneider, le disparó al automóvil. Al comprobar que el
conductor del vehículo era una mujer y ante la presencia de la prensa, Prats se
retiró hacia La Moneda, donde le presentó su renuncia a Allende, quien se la
rechaza.
El 29 de junio, el regimiento blindado N° 2, al mando del
coronel Roberto Souper, protagonizó un levantamiento militar contra el
Gobierno, usando varios tanques, un porta tanques y dos camiones con 40 hombres
cada uno. Los sublevados intentaron tomar el Palacio de la Moneda,
enfrentándose a las Fuerzas de la Guarnición dirigidas por el comandante en
jefe Carlos Prats en persona, el cual puso en riesgo su vida para obtener la
rendición de los sublevados. Los miembros de Patria y Libertad, que estimularon
el golpe, se asilaron en la embajada ecuatoriana. El resultado final de este
intento fue conocido como «tanquetazo», que dejó 22 muertos y 32 heridos, de
los cuales gran parte fueron civiles.
El 27 de julio fue asesinado el edecán naval del Presidente,
capitán de navío Arturo Araya, por parte de un comando de Patria y Libertad. El
crimen conmovió al país, pero pasó a un segundo plano cuando el 7 de agosto la
Armada comunicó haber descubierto un intento de infiltración en sus filas. Los
detenidos declararon que planeaban tomarse la escuadra para el día 8 de agosto,
matar a los oficiales y suboficiales que no se les sumaran y bombardear
Valparaíso. También confesaron que realizaban reuniones periódicas a las que
asistían Carlos Altamirano, Óscar Garretón y Miguel Enríquez. Pronto surgió
otra versión, en la cual los marineros detenidos se habían reunido con los
líderes de izquierda para denunciar los intentos golpistas en la Armada y que
las confesiones habían sido obtenidas a base de torturas. La Fiscalía Naval
pidió el desafuero de los líderes del PS y el MAPU por exhortar a la tropa a la
desobediencia, petición que debía verse el 11 de septiembre en la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.
El 9 de agosto Allende llamó nuevamente a los uniformados a
integrar el gabinete, en esta ocasión con los cuatro miembros máximos de las
Fuerzas Armadas, Carlos Prats (Defensa), Raúl Montero Cornejo (Hacienda), César
Ruiz Danyau (Obras Públicas y Transportes) y José María Sepúlveda (Tierras y
Colonización), en lo que denominó como "Gabinete de Salvación
Nacional". El gabinete busco solucionar un nuevo paro de los transportistas,
que acusaban al Gobierno de no cumplir los compromisos adquiridos tras el paro
de octubre, iniciado el 25 de julio. El paro estaba causando graves problemas
de desabastecimiento, que duraron hasta el fin del gobierno de Allende. El
Presidente mismo llegó a anunciar, el 6 de septiembre, que solo quedaba harina
para tres o cuatro días. El general Ruiz renunció a su cargo ministerial,
argumentando que no poseía las suficientes facultades para terminar con el
paro. Allende exigió su renuncia a ambos cargos, ministro y comandante en Jefe,
asumiendo en su lugar el cargo militar el general Gustavo Leigh.
Crisis institucional
El Ejecutivo había comenzado a desarrollar un profundo
conflicto con el Poder Judicial, que había ordenado la devolución de varias
empresas a sus propietarios, con especial fuerza desde mediados de 1972, al
anunciar medidas precautorias en favor del patrimonio de los dueños afectados.
En enero de 1973 el intendente de Santiago anunció que “no se concederá la
fuerza pública para los desalojos ordenados por diversos tribunales de
industrias que estén intervenidas”.85 El 12 de abril la Corte Suprema dirigió
un oficio al Presidente haciéndole ver que la conducta del intendente “adquiere
los todos los contornos de una crisis del ordenamiento legal, porque la
decisión arbitraria y unipersonal de un funcionario administrativo, enfrenta el
veredicto de un Poder del Estado”.86 Ante la continua negativa de los
funcionarios de la Unidad Popular por hacer cumplir las resoluciones
judiciales, la Corte Suprema envió dos nuevos oficios en mayo, haciendo
presente al Presidente por “enésima vez la actitud ilegal de la autoridad
administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales”. La Corte
terminaba anunciando que la actitud del mandatario representaba “una perentoria
o inminente quiebra de la juricidad del país“.
Los partidarios del gobierno iniciaron una campaña atacando
a los “viejos de mierda” del Poder Judicial. Allende respondió en junio a la
Corte Suprema, argumentando que las autoridades no podían prestar amparo
policial de forma indiscriminada, pues ello podía conducir a situaciones que
atentarían contra la paz social y el orden público, de allí que las autoridades
se vean constreñidas a sopesar el uso de la fuerza pública. Concluyó diciendo
que existe una “manifiesta incomprensión por parte de algunos sectores del
Poder Judicial (…) del proceso de transformación que vive el país y que expresa
los anhelos de justicia social de grandes masas postergadas, lleva en la
práctica a que tanto la ley como los procedimientos judiciales sean puestos al
servicio de los intereses afectados por las transformaciones”. La Corte
consideró que la respuesta del mandatario distorsionaba la ley, exageraba la
trascendencia de la tarea administrativa y rebajaba la función judicial,
acusando a esa carta de ser “un intento de someter el libre criterio del Poder
Judicial a las necesidades políticas del Gobierno, mediante la búsqueda de
interpretaciones forzadas para los preceptos de la Constitución y de las leyes.”
El Partido Nacional buscó destituir de manera legal al
presidente usando el artículo 43 de la Constitución, con el fin de llamar
impedido al presidente y convocar a nuevas elecciones. La Democracia Cristiana
dudaba de la constitucionalidad de la maniobra, pero fueron convencidos por el
senador Luis Bossay para aplicar otra provisión constitucional, sobre las
facultades fiscalizadoras de la Cámara, para tomar un acuerdo que fuese
comunicado al presidente y sus ministros. El 22 de agosto la Cámara de Diputados
aprobó el Acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden institucional y
legal de la República, en que se acusaba al Gobierno de haber incurrido en
diversas violaciones tales como aplicar medidas de control económico y político
para luego instaurar un sistema totalitario, violar garantías constitucionales,
dirigir una campaña de difamación contra la Corte Suprema, violar la libertad
de expresión, reprimir con violencia a los opositores e intentar infiltrar
políticamente a las Fuerzas Armadas. Terminaba el acuerdo haciendo un llamado a
los ministros militares para que pusiesen inmediato fin a las situaciones
referidas.
A la declaración de la Cámara se sumó la opinión de algunos
gremios. El Colegio Médico remitió una carta al Presidente, solicitándole su
renuncia, y el Colegio de Abogados declaró que las circunstancias creaban
impedimentos “que dificultan el desempeño del Presidente de la República en los
términos, con las prerrogativas y con la dignidad prerrogativas y con la
dignidad que la Constitución Política del Estado le confiere al cargo”.
Sucesos anteriores al
golpe de Estado
El golpe fue planeado por prácticamente toda la plana
superior de la Armada, salvo el almirante Montero, pero éste se encontraba
aislado y la Armada obedecía al vicealmirante José Toribio Merino. Lo mismo
sucedía en la Aviación, excepto por el general César Ruiz, cabeza de la
entidad. Pero, al retirarse éste último del Ministerio de Obras Públicas y
Transporte, cargo que había asumido como consecuencia del «tanquezazo». Allende
pidió su renuncia a ambos cargos, ministro y comandante, asumiendo en su lugar
el cargo militar el general Gustavo Leigh, opositor al gobierno. El Ejército
estaba dividido, pero la balanza cada vez se cargaba más hacía la opción del
golpe. En Carabineros, no conspiraban más que dos o tres generales de baja
antigüedad, entre ellos el general César Mendoza.
Las Fuerzas Armadas estaban preparadas para dar un golpe
militar mucho antes de pensar en él. El Ejército tenía «planes de
contrainsurgencia» para el caso de que una subversión sobrepasase a las Fuerzas
de Orden. Este plan consistía en que el país estaba dividido en diferentes
secciones y para cada una se establecía un plan de acción contra la posible
insurgencia. Este plan sería la base prima para los conjurados, que solo
tuvieron que adaptarlo a las nuevas circunstancias.
El 21 de agosto, una manifestación de esposas de generales
se inició frente a la casa de Prats, a la que llegaron también varios oficiales
de civil a protestar contra él. Fue insultado y apedreado y, al deshacer la
manifestación carabineros, esta se volvió a organizar. Llegaron al lugar
Augusto Pinochet (considerado el «segundo» de Prats), Allende y sus ministros.
Todos fueron abucheados. Deprimido y desilusionado, pidió a los generales que
reafirmaran su lealtad hacia él; como sólo unos pocos lo hicieron, resolvió
renunciar a la comandancia en jefe. Recomendó a Allende para el cargo a
Pinochet, que tenía una larga hoja de vida como soldado profesional y
apolítico, el que fue nombrado el 23 de agosto comandante en jefe del Ejército
El 7 de septiembre, el almirante Merino envía al comandante
general del cuerpo de Infantería de Marina, contralmirante Huidobro, con una
carta escrita en un pequeño papel, el cual comprometía a Pinochet y Leigh a
poner sus fuerzas para el 11 de septiembre, y la hora 6.00 en Valparaíso: atrás
ellos debían firmar el conforme.
En una reunión el día 9, Allende comentó a Pinochet su
intención de un plebiscito. Ese mismo día, Pinochet se sumó al golpe.
El fallido plebiscito
La promulgación de la reforma constitucional sobre las tres
áreas de la economía profundizó la crisis institucional. El Congreso había
rechazado el veto del Presidente por mayoría simple, lo que le permitió a
Allende argumentar que el rechazo debía ser por dos tercios. La oposición
exigió la realización de un plebiscito para superar el impase constitucional,
pero Allende rechazó la idea. Se consultó a la Contraloría la posibilidad de
promulgar parcialmente la reforma, en los aspectos en que no existía
controversia. La Contraloría rechazó la promulgación parcial, pero se excusó de
pronunciarse sobre quien tenía razón en la interpretación sobre el veto.
Allende recurrió al Tribunal Constitucional, pero la
institución se declaró incompetente para dirimir el asunto. Allende decidió
entonces intentar la salida plebiscitaria que antes había rechazado, pero en
esta ocasión interpretándola como un pronunciamiento sobre su gobierno.
El problema del Presidente estaba en los partidos de la
Unidad Popular, que no habrían aceptado la idea del plebiscito. El Partido
Socialista sostenía que sería una renuncia a los logros alcanzados. Apoyaban la
posición socialista una fracción del MAPU y la Izquierda Cristiana dentro del
comité y el MIR se indignó tanto con la idea que sus integrantes dejaron de
llamarlo «compañero», refiriéndose a él en adelante como «señor». El único
baluarte de Allende era, en esos momentos, el Mapu Obrero y Campesino, de
sección moderada, el Partido Radical, y principalmente el Partido Comunista,
que compartía su idea de la «vía pacífica al socialismo». Allende intentó
nuevamente la idea del plebiscito a inicios de septiembre, pero la
intransigencia del Partido Socialista se mantuvo. Una gestión de Orlando
Letelier, ministro de Defensa, convenció al PS para que retirase su veto, pero
la gestión ocurrió en la noche del 10 de septiembre, con el golpe en marcha.
Durante la noche del 10 al 11 de septiembre Allende discutió
con sus ministros y consejeros un discurso a la nación para convocar a un plebiscito.
En el mensaje anunciaría que daría trámite de urgencia a la discusión de los
proyectos legislativos considerados en las negociaciones con la DC. Si existía
acuerdo para aprobar los proyectos, promulgaría las reformas constitucionales
aún pendientes. Si no se llegaba a un arreglo, se llamaría a referéndum. Esta
convocatoria, pensaba Allende, despejaría la tensión con los militares.
El 11 de septiembre
El 10 de septiembre, a las 16:00, zarpó la escuadra tal y
como estaba previsto, ya que debía participar en las maniobras navales
internacionales UNITAS. Mientras tanto, el Ejército se acuarteló, dando como
razón el probable desafuero de Altamirano y Garretón, que explicó Pinochet al
ministro de Defensa, Orlando Letelier, podía causar disturbios.
En la madrugada del 11 de septiembre, la escuadra regresó en
Valparaíso y las Fuerzas Armadas tomaron la ciudad. Se le comunicó a Allende
por teléfono que la infantería de marina estaba en las calles y había comenzado
a tomar posiciones de combate. Allende, que se encontraba en su residencia de
Tomás Moro, pidió comunicarse a Pinochet y a Leigh, pero no se los podía
ubicar.
A eso de las 7 de la mañana Allende, en su Fiat 125, y el
GAP (Grupo de Amigos Personales) se enfilaron hacia el Palacio de la Moneda,
llegando veinte minutos después. Cargaba con un fusil AK-47 y el GAP ingresó al
palacio de Gobierno dos ametralladoras y tres lanzagranadas RPG-7, además de
sus armas personales.
Paralelamente, Pinochet llegó al Comando de
Telecomunicaciones. Se organizaron las redes de comunicaciones con las demás
ramas de las Fuerzas Armadas, especialmente con Leigh, que se encontraba en la
Academia de Guerra Aérea, y con Patricio Carvajal, que sería el coordinador del
golpe.
Sepúlveda, director general de Carabineros, llegó a la
Moneda y le aseguró que Carabineros sigue fiel al gobierno, ignorando que
Carabineros está ahora controlado por los generales Mendoza y Yovane.
La Cadena Democrática, formada por las radios Minería y
Agricultura, emitió la primera proclama militar.102 Allende debía hacer entrega
inmediata de su cargo a la Junta de Gobierno, integrada por los jefes supremos
de las Fuerzas Armadas: Pinochet, Leigh, Merino y Mendoza (los dos últimos
recién autonombrados como jefes supremos de sus ramas, Armada y Carabineros
respectivamente). Se le dio también al presidente un ultimátum, si La Moneda no
era desalojada antes de las 11.00, sería atacada por tierra y aire. Carabineros
retiró sus tanquetas y el personal apostados frente al palacio de gobierno.
Los militares contactaron con La Moneda y propusieron sacar
del país al presidente, pero Allende rechazó la oferta. Pinochet contacta con
Carvajal, quien le indicó la negativa del presidente a rendirse. A las 9.55,
los tanques del general Palacios ingresaron en el perímetro de la Moneda.
Francotiradores apostados en los edificios aledaños los trataron de repeler,
produciéndose un tiroteo.104 A las 10:15, a través de radio Magallanes —la
única favorable al gobierno que aún no era silenciada— Allende emitió su último
mensaje a la Nación.
A las 10:30, los tanques abrieron fuego contra la Moneda.
Les siguieron las tanquetas y la infantería, fuego que fue respondido por los
miembros del GAP y los francotiradores apostados en los edificios aledaños.
Carvajal se comunicó nuevamente con Pinochet, informándole
de la intención de parlamentar. Pinochet exigió una «rendición incondicional».
A las 11:52, los cazabombarderos Hawker Hunter iniciaron su
ataque a la Moneda, disparando en cuatro oportunidades sus cohetes sobre la
casa de Gobierno, provocando un daño devastador. Otros dos aviones bombardearon
la residencia presidencial de Tomás Moro, a la sazón defendida por los miembros
del GAP que no alcanzaron a llegar con Allende.
El ataque al Palacio de Gobierno prosiguió con el uso de gases
lacrimógenos, pero al ver que la Moneda todavía se negaba a rendirse, a las
14:20 de la tarde el general Palacios decidió tomarla y envió a un grupo de
soldados a derribar la puerta del Palacio.
Allende decidió rendirse y deponer las armas. Entonces —según
el testimonio de uno de sus médicos, Patricio Guijón, que regresó para llevarse
su mascarilla antigás—, con el fusil AK-47, se suicidó disparándose en la
barbilla, explotando la bóveda craneana y muriendo instantáneamente. Palacios entró en el Salón Independencia y se
encontró con Allende y el médico Guijón. Reconoció al presidente por su macizo
reloj Jaeger-LeCoultre. Llamó al oficial de radio y entregó su escueto informe:
«Misión cumplida. Moneda tomada, presidente muerto».
En la tarde se conformó la Junta de Gobierno. A excepción de
unas escaramuzas en sitios aislados de Santiago, la junta dominaba todo el
país. La Unidad Popular y su presidente habían muerto, iniciándose diecisiete
años de dictadura militar.
Funerales
Sus restos fueron enterrados en el Cementerio Santa Inés de
Viña del Mar, sin una placa que lo identificara, en una discreta ceremonia a la
que solo pudieron asistir Hortensia Bussi, Laura Allende y dos sobrinos del
presidente, Patricio y Jaime Grove, además del comandante de la FACH, Roberto
Sánchez.
Casi 18 años después, el 4 de septiembre de 1990, por
órdenes del presidente Patricio Aylwin, Salvador Allende recibió un nuevo
funeral, pero esta vez masivo y con los honores de Estado que le correspondían
como ex mandatario.
Polémica sobre su
muerte
Durante años, la izquierda chilena mantuvo la idea de que
Allende había sido asesinado, considerando la posibilidad del suicidio como una
postura que debilitaría la figura de Allende. En palabras del médico José
Quiroga, testigo del suicidio de Allende, pero que guardó silencio largo tiempo
“era más importante el aspecto político de que todo el mundo creyera que a
Allende lo habían matado los militares”.
La fuente original de esta versión era Luis Renato González,
quien cuenta que Allende, encañonado por un capitán que exigía su rendición,
respondió “¡Nunca!”, tras lo cual recibió un disparo y una ráfaga de
metralleta. Esta versión se popularizó por diversos medios, uno de ellos fue un
discurso de Fidel Castro dado el 28 de septiembre de 1973 en la Plaza de la
Revolución, en donde describe una versión de la muerte de Allende, aunque en
ese mismo discurso, advierte de la posibilidad de que se hubiese suicidado. En
1971, frente al propio Fidel Castro, Allende había expresado «Yo cumpliré mi mandato.
Tendrán que acribillarme a balazos para que deje de actuar...»
Otra versión es la de Gabriel García Márquez, basada, según
él, en muchas fuentes. La versión del asesinato quedó casi institucionalizada
para la izquierda a través del libro del periodista Robinsón Rojas, Estos
mataron a Allende que en su época, fue avalado incluso por la viuda de Allende.
Las versiones de que Allende se había suicidado, la postura
oficial de la junta de gobierno, fue también censurada por medios de izquierda
extranjeros. Así ocurrió con Radio Moscú, que cortó la conversación sobre el
suicidio cuando Clodomiro Almeyda, entrevistado en un programa, explicó su
propia versión de los hechos.
La visión sobre el suicidio fue cambiando con el tiempo,
cuando las versiones del asesinato perdieron intensidad y el suicidio dejó de
valorarse como algo condenable para la izquierda, revalorizando el testimonio
del médico Guijón, que se vio corroborado con la segunda autopsia de Allende,
la que, a su vez, llevó a la aceptación del suicidio por parte de sus deudos y
partidarios en el funeral oficial. Años después, se revelaría que Guijón no fue
el único testigo, además de él estaban los médicos Jirón, Ruiz Pulido y José
Quiroga. Los dos primeros declararon siempre el suicido de Allende pero fueron
censurados o no se les prestó importancia, mientras que Quiroga rompió el
silencio sólo en 2003. Otros dos testigos, Arsenio Poupin y Enrique Huerta, que
no eran médicos, fueron detenidos y hechos desaparecer por los militares.
En 2011, una investigación presentó una nueva tesis al
respecto, a fin de explicar la presencia de dos impactos de bala, señalando que
si bien Allende había intentado suicidarse, el disparo no habría logrado su
objetivo, por lo que uno de sus escoltas lo habría asistido, dándole el tiro de
gracia al verlo moribundo. En mayo de 2011 comenzó una nueva exhumación de su
cadáver para intentar establecer, en palabras del médico forense Francisco
Etxeberria, "la manera de la muerte o las circunstancias que rodearon a la
misma".
La exhumación que ordenó el juez Mario Carroza fue realizada
el 23 de mayo de 2011 por 12 forenses, siete chilenos y cinco extranjeros, y
dirigida por Patricio Bustos, director nacional del Servicio Médico Legal de
Chile. El 19 de julio, el Servicio Médico Legal confirmó que Allende se suicidó
durante el bombardeo al Palacio de La Moneda.
El 11 de septiembre de 2012, la Tercera Sala de la Corte de
Apelaciones determinó el cierre definitivo del caso por la muerte del ex
presidente. El fallo está basado en la presunción de que por ser disparos a
corta distancia «en medicina legal puede ser atribuible al suicidio».
Maximiliano Reimondi
