¿JUSTICIA?

El Derecho procura permitir la convivencia de los seres en sociedad, concepto sostenido desde “La Política” de Aristóteles hasta nuestros días, y una de las formas de alcanzar este objetivo es permitir que cada persona reciba lo que le corresponda, o al menos procurar aquello. Por eso, el Estado, en nombre del pueblo, administra justicia, y dicha facultad le es delegada al Poder Judicial, el cual busca administrarla de la manera más eficiente y eficaz. El acceso a la Justicia es un derecho humano, que no siempre está al alcance de la ciudadanía.

Nuestro sistema judicial es una de las instituciones del estado con mayor descrédito.      El desarrollo de un país se sustenta, entre otros aspectos, en un Poder Judicial eficiente, independiente y que sea capaz de aplicar adecuadamente las leyes impuestas a la sociedad.

La crisis del Poder Judicial siempre ha sido un tema tomado en cuenta por los gobiernos, pero nunca o casi nunca enfrentado de manera seria, y se ha utilizado, en cambio, cuando el gobierno de turno aspiraba a manipular la administración de justicia.

La primera pregunta que debemos hacernos es si existe la justicia en nuestro país. Mi respuesta es: NO. El sistema judicial argentino es obsoleto y ha tenido fallas extremas en los últimos años, convirtiéndose en un sistema corporativo que desconoce el derecho de los ciudadanos.

La Constitución Nacional de 1853, fue redactada con un espíritu democrático y federal que nunca se puso en práctica. Los jueces del Poder Judicial siempre fueron puestos a dedo, con un sentido omnipotente y casi eterno. Con el transcurso del tiempo, estos “personajes” se transformaron en una especie de casta, teniendo un poder superior al del Presidente de la Nación. Es un modelo obsoleto, fragmentado, donde no hay posibilidad de cooperación, los fiscales no tienen facultades de investigación e impide cumplir con las funciones elementales.

Durante el gobierno de Raúl Alfonsín, se comenzó a desarrollar una serie de estrategias para limitar la autonomía del accionar judicial. Esta autonomía complicaba la estrategia gubernamental de limitar la sanción y amenaza a los militares, consideradas precondiciones para la subordinación militar a la autoridad constitucional. La limitación se hizo por diversos carriles, que abarcaron desde fallidas instrucciones a los fiscales militares y leyes como las de Punto Final y Obediencia Debida.

Los indultos presidenciales de 1989 y 1990, durante la presidencia de Carlos Menem, el Poder Judicial quedó, en gran medida, desplazado del papel de acusador y juez de los responsables militares de violaciones a los derechos humanos. Así, la autonomía judicial sufrió nuevos golpes. Enmarcado en una dramática crisis hiperinflacionaria y decidido a llevar adelante profundas reformas estructurales socio-económicas, Menem consideró la potencial injerencia judicial un riesgo para las acciones que consideraba ineludibles, para enfrentar la situación (particularmente para la vigencia de las leyes de “Emergencia Económica” y de “Reforma del Estado”, piezas claves de la estrategia presidencial). Por ello, se profundizó el avance del Ejecutivo sobre los espacios y decisiones judiciales.

La reforma constitucional de 1994, establece en el artículo 108 que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso Nacional estableciere en el territorio nacional. La aparición del Consejo de la Magistratura Federal y las competencias de administración otorgadas por la Constitución Nacional reformada complicaron el desarrollo de este tipo de programas ya que comenzó una larga disputa entre el nuevo organismo y la Corte Suprema sobre el alcance de esas facultades de administración y entre el Consejo y el Poder Ejecutivo (Ministerio de Justicia) sobre el manejo de préstamos orientados a esta modernización. Estas disputas, sumadas a la crisis económica que comenzó a gestarse en la Argentina, hicieron que se resintiera la posibilidad de tener un centro y un programa rector del conjunto de actividades. Por ello muchas de las iniciativas quedaron dispersas y avanzaron sobre su propia lógica.

El gobierno de Fernando de la Rúa, que asumió como resultado de una exitosa Alianza entre el Radicalismo y el FREPASO para enfrentar al Justicialismo en las elecciones presidenciales de 1999, mostró algo de originalidad en este proceso: la discusión que se planteó a principios de su mandato con relación a la necesidad de reemplazar a Jueces de la Corte Suprema para evitar, de nuevo, el riesgo de enfrentar una justicia

“menemista”, fue resuelta ratificando la estabilidad de la totalidad de los miembros de la

Corte. Esta originalidad se desplegó con signos de continuidad hasta la caída de De la

Rúa en Diciembre de 2001 por la crisis socio-económica en la que resultó la recesión.

Entonces, llegamos a la segunda pregunta: ¿Es necesario cambiar este sistema judicial? Mi respuesta es: SÍ. Para democratizar al Poder Judicial que se ha convertido en cómplice de las grandes corporaciones económicas y antidemocráticas. Actualmente, sufrimos una Justicia ineficaz, exageradamente lenta, injusta, racista, prejuiciosa y cara; por lo que la mayoría de la población no puede recurrir a ella para dirimir sus diferencias o defenderse.

Quienes hoy se oponen a modificar aspectos de la Justicia en realidad están defendiendo una corporación, con sus privilegios y fundamentalmente su toma de posición a favor del status quo, los poderosos y su impunidad garantizada por su permanencia en el cargo. Seguramente que estas reformas no constituyen toda la solución a un problema enquistado hasta la médula en la sociedad argentina. Debemos comenzar con pequeños cambios para entablar el debate sobre una institución que siempre fue impune ante grados de corrupción, cómplice del terrorismo de estado y partícipe de la impunidad con las mafias del narcotráfico. Ante este flagelo, es necesaria la reacción política para que el funcionamiento de la Justicia vuelva a la normalidad.

Estoy de acuerdo con el gobierno nacional de abrir el camino hacia una reforma y democratización del Poder Judicial. Todos los proyectos fueron abiertos para sumar elementos en el debate parlamentario por parte de todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil. No es un tema partidario. Los opositores a estas reformas son los integrantes de aquellos sectores que pueden ser perjudicados y los cómplices de tantos hechos funestos que debilitaron la democracia argentina.

No es fácil implementar estos cambios pero tampoco es imposible. Son necesarios para evitar seguir teniendo justicia para los pobres e impunidad para los ricos. Debemos eliminar al séquito de los poderosos en el “Partido Judicial” y tener JUSTICIA PARA TODOS.

                                                                               Maximiliano Reimondi