LA FUNCIÓN DEL ESTADO DEMOCRÁTICO

El Estado democrático, como organización política, social y jurídica, se articula desde la sociedad, por encima de ella, para servirla. En este siglo XXI, debe cubrir los derechos fundamentales de todo ciudadano: salud, vivienda, trabajo y educación. Además, el Estado debe brindar servicios que satisfagan necesidades sociales.

El descreimiento en la política es comprensible porque la gente ya está harta de que muchos políticos prometan y después no hagan nada. Es decir, cuando el Estado hace un sostenimiento tozudo de un servicio público deplorable, negando sus deficiencias y los errores cometidos. La tragedia de Once a principios de 2012 con 52 fallecidos y 676 heridos, y la de hace poco tiempo en Castelar con 3 muertes y 315 heridos, muestran una gravísima desidia. Toda prestación estatal está directamente relacionada en cuanto a calidad y expansión a la decisión política respectiva. Esto constituye una actitud demagógica que duele porque la víctima se siente humillada en su propia cara. Aquí, el Estado no hace una autocrítica y muestra incompetencia para la función a la cual se le confió.

Es indudable que se debe reformar el sistema jurídico argentino. Sabemos que el servicio de justicia se encuentra colapsado por exceso de trabajo, por ende se ha lentificado y con ello evidentemente no se puede reconocer en una opinión positiva de la sociedad. La justicia se puede transformar, si se acerca a los tiempos y necesidades del ciudadano del siglo XXI. No hay innovación judicial sin aumento presupuestario que acompañe la decisión estatal en tal sentido. El servicio de seguridad es una materia compleja. Pero más complicado es no abordarla integralmente. Mucho es lo que tienen para aportar en tal sentido los derechos humanos, los derechos sociales y la prevención penal. No es la solución que los integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos con identificación partidaria. Eso es politizar el Poder Judicial y constituye una actitud demagógica del Poder Ejecutivo de no respetar el límite constitucional. Pero sí todos los jueces deben pagar impuestos a las ganancias y no ser cómplices de las grandes corporaciones económicas.

Los servicios estatales deben devenir en servicios públicos adecuados y eficientes para el bienestar de cada uno de nosotros. Un gobierno democrático tiene la obligación principal de que el ciudadano pueda ejercer sus derechos fundamentales y pueda auxiliar a éste en caso de que necesite su ayuda. Debe tener prioridad a las clases más bajas, no sólo otorgándole la asignación universal por hijo y embarazo sino dándole trabajo para que la madre y el padre tengan el privilegio de tener un trabajo digno. Por supuesto que esa persona tiene obligaciones que cumplir para que la Constitución Nacional esté en plena vigencia.

La esencia de la política no debe modificarse a pesar de los grandes cambios del siglo XXI. El Estado democrático debe poseer una visión de bien común y justicia social, sin lógica de mercado. Lo más importante de la agenda ciudadana se debe convertir en agenda de gobierno.

                                                                                    Maximiliano Reimondi